Durante los últimos días se ha reactivado la tramitación parlamentaria de la Ley de Movilidad Sostenible, tras un parón de varios meses. Ahora, el Congreso ha convocado una ponencia a puerta cerrada para que cada grupo pueda estudiar el proyecto y presentar las modificaciones correspondientes. Te contamos todas las novedades sobre la Ley de Movilidad Sostenible en este artículo.
Es importante tener en cuenta que, hace poco menos de un año, el Ejecutivo aseguró que la Ley de Movilidad Sostenible estaría aprobada antes de que terminase 2024. Sin embargo, el proyecto viene de antes. Durante la legislatura anterior comenzó a tramitarse, pero se paró debido al adelanto de las elecciones generales en 2023.
Ahora, pocas semanas después de empezar 2025, la propuesta vuelve al Congreso. Los distintos grupos parlamentarios se encuentran en proceso de estudiar y debatir todas las medidas que contiene, así como de plantear sus propias propuestas y cambios. De hecho, el pasado martes 18 de febrero se constituyó la ponencia que discutirá las primeras modificaciones, tras haber recibido más de 750 enmiendas.
Por otro lado, cabe destacar que de la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible depende que se desbloqueen los fondos europeos de hasta 10.000 millones de euros. Es decir, de que se apruebe esta iniciativa depende la concesión de una parte de los fondos europeos de recuperación de los que España es beneficiaria.
Esta dependencia es, precisamente, la principal urgencia del Ejecutivo. Tanto es así que, según ha confirmado el Ministerio de Transportes, su intención es aprobar la Ley de Movilidad Sostenible durante la primera mitad del año 2025.
¿Cuáles son los puntos más polémicos de la Ley de Movilidad Sostenible?
Entre las razones por las que la aprobación de esta ley permanece enquistada, destacan algunos aspectos importantes que suscitan posiciones opuestas entre los distintos partidos políticos.
Uno de ellos es el relacionado con las concesiones del transporte de autobús en todo el país. Según la nueva ley, se reduciría el número de paradas estatales y se ordenaría el mapa concesional de líneas interurbanas liberalizando algunas rutas, a cambio de una compensación a las comunidades autónomas.
Sin embargo, algunos representantes políticos consideran que esta medida no sería suficiente para mejorar los servicios de transporte, sino que el resultado sería el opuesto.
Por otro lado, la posibilidad de que todas aquellas empresas que trabajen a nivel internacional puedan ofrecer traslados en rutas dentro de España también es otro de los puntos a tratar.
En definitiva, habrá que esperar para ver cómo evoluciona este dilema legislativo y si, finalmente, se aprueba la Ley de Movilidad Sostenible dentro del plazo estimado.
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