A partir del próximo 1 de julio, el sistema de ayudas al transporte público en España experimentará una transformación importante. El Ministerio de Transportes ha anunciado un nuevo régimen de subvenciones que introduce descuentos diferenciados por edades y condiciona el acceso a los fondos estatales al cumplimiento efectivo de medidas medioambientales clave, como la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Esta reforma tiene como objetivo reforzar el compromiso de las administraciones locales con la sostenibilidad y el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático. La medida, que se aplicará en el segundo semestre de 2025, movilizará un total de 878 millones de euros.
Esta cifra incluye 355 millones que se destinarán exclusivamente a bonificaciones en los títulos de transporte para jóvenes y menores de 14 años, así como otros 523 millones para mantener ayudas generales que las distintas comunidades y ayuntamientos podrán solicitar. En este artículo te contamos todo lo que debes saber.
Adiós al descuento universal del 50%
Hasta ahora, el modelo de subvención había ofrecido un descuento mínimo del 50% para todos los abonos de transporte. Sin embargo, a partir de julio este beneficio dejará de ser universal.
El nuevo sistema introduce descuentos más ajustados y escalonados, en función de la edad de las personas usuarias. Los menores de 14 años podrán disfrutar del transporte público de manera completamente gratuita, mientras que los jóvenes (cuya franja de edad será determinada por cada comunidad autónoma) tendrán derecho a abonos con una reducción del 50%. Asimismo, se mantienen los descuentos para títulos multiviaje, favoreciendo a quienes hacen un uso frecuente del transporte colectivo.
El cambio responde a una necesidad de optimizar los recursos públicos y asegurar que las ayudas beneficien especialmente a los colectivos que más dependen del transporte público, como niños y jóvenes en edad escolar o universitaria.
Zonas de Bajas Emisiones: una condición imprescindible
Más allá del reajuste en los descuentos, la gran novedad del nuevo régimen de subvenciones es la condición que impone a los municipios: solo podrán acceder a las ayudas aquellas ciudades que hayan implementado de forma efectiva una Zona de Bajas Emisiones antes de que finalice 2025.
Esto afecta directamente a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, que están obligados por ley a establecer estas zonas para limitar la circulación de vehículos contaminantes.
No bastará con aprobar una ordenanza o realizar pruebas piloto. Para cumplir con los requisitos y acceder a las bonificaciones del transporte, las ZBE deberán estar plenamente operativas. Esto implica contar con una normativa municipal en vigor, delimitar las áreas afectadas, aplicar restricciones reales de tráfico y disponer de un sistema de sanciones activado. Es decir, no se aceptarán soluciones simbólicas ni demoras encubiertas.
Un impulso a la aplicación de la Ley de Cambio Climático
El Ministerio de Transportes ha tomado esta decisión tras comprobar que la implantación de las ZBE avanza con lentitud. Aunque la Ley de Cambio Climático establece su obligatoriedad desde 2023, a inicios de ese año solo una veintena de ciudades había puesto en marcha estas zonas, de las más de 150 obligadas a hacerlo. Ni las prórrogas otorgadas ni la posibilidad de tener que devolver fondos europeos han logrado impulsar de forma efectiva su aplicación.
Ante esta situación, el Gobierno ha decidido vincular el acceso a las ayudas al transporte a la existencia real de políticas medioambientales locales. La estrategia pretende ejercer una presión positiva sobre los ayuntamientos, para que estos cumplan con sus compromisos climáticos y hagan avanzar el proceso de descarbonización del transporte urbano.
Una oportunidad para una movilidad más justa y sostenible
Esta medida pretende ser un paso importante hacia un modelo de movilidad más justo y respetuoso con el medio ambiente. El enfoque en jóvenes y menores favorece el acceso equitativo al transporte público, mientras que el impulso a las Zonas de Bajas Emisiones contribuirá a reducir la contaminación urbana, mejorar la salud de la ciudadanía y avanzar en la lucha contra el cambio climático.
Sin embargo, es fundamental que las administraciones locales cuenten con los recursos y el acompañamiento técnico necesarios para poder implementar correctamente las ZBE. Además, será necesario garantizar que las restricciones no afecten negativamente a colectivos vulnerables y que existan alternativas reales de movilidad para toda la población.
La convocatoria para acceder al nuevo régimen de ayudas está abierta hasta el 30 de abril. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos interesados deberán presentar su solicitud dentro de ese plazo, comprometiéndose a cumplir con los requisitos exigidos. El reloj ya está en marcha.
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